Reforma al Código de Aguas

Por moción parlamentaria ingresada a tramitación en marzo de 2011, se inició la discusión del proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas.

 

El proyecto ha sufrido cambios significativos durante su tramitación, a través de indicaciones sustitutivas presentadas en 2014 y 2017 por el gobierno de Michelle Bachelet y en 2019, 2020, 2021 por el gobierno de Sebastián Piñera, y sucesivos cambios a su prioridad legislativa.

 

El miércoles 4 de agosto de 2021, la Sala del Senado aprobó y despachó el proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas, pasando a tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados para definir si se convertirá en ley o pasa a la Comisión Mixta.

 

Las principales modificaciones, son al artículo cinco y seis. En el artículo cinco se plantea reforzar el carácter de bien público del agua y que su dominio y uso pertenezca a todos los chilenos, otorgándole carácter de interés público al resguardo del consumo humano y saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas y otros.

 

Otra modificación a este artículo permitiría que el Estado constituya reservas de aguas disponibles para funciones de subsistencia y preservación ecosistémica.

 

Mientras que en el artículo seis se propone que el derecho de aprovechamiento de las aguas se otorgará mediante concesiones temporales, además de permitir la renovación de ésta solo si se cumple con los requisitos de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. El proyecto, en general busca modificar el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas, con el objeto de darles un carácter temporal; priorizar el consumo humano frente a otros usos, reconocer la constitución de derechos para usos no extractivos como por ejemplo conservación ambiental y turismo, restringir el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez; reformar la regulación actual de las aguas del minero, establecer causales de extinción y caducidad; facilitar la intervención en áreas hidrológicas por parte del Estado, dotar a la Dirección General de Aguas de nuevas facultades fiscalizadoras, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados a derechos de aguas y remates; y reformar el sistema de pago de patente por no uso, eliminar intervención judicial en procedimientos de regularización por artículo 2° Transitorio; y radicar la competencia para tramitación de procedimientos de regularización por artículo 5° Transitorio en la Dirección General de Aguas, sin perjuicio de las consultas pertinentes al Servicio Agrícola y Ganadero.

 

Dada la complejidad de la reforma al Código de Aguas, informaremos y analizaremos el contenido del proyecto de ley y su tramitación en esta página web.


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